Economía Socialista

Referentes Teórico Conceptuales . La economía social o solidaria constituye una temática que desde el poder constituyente se inserta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999). Su génesis y desarrollo es anterior a la Revolución Bolivariana, pero se imbrica en ella a partir de las eclosiones de 19892 y 19923.

A partir de 1994, la economía social constituye núcleo fundamental de los discursos sobre prácticas emergentes de producción. Dinámica que aparece reflejada en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2001-2007. Desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo su concreción pasa por el reconocimiento y construcción de nuevas formas jurídicas e institucionales que permitan darle viabilidad.

Es decir, la economía solidaria se cimienta en prácticas emergentes, contestatarias, de sobrevivencia, que procuran ser reunidas, sistematizadas y procesadas, para que a partir de ellas se construya una teoría revolucionaria actual para el campo económico. Prácticas que escapan y es imposible interpretarlas por los cánones disciplinarios, pues exigen un esfuerzo interpretativo multireferenciado, transdiciplinario y holístico. En esa perspectiva, la economía social constituye un esfuerzo sin precedentes desde los esfuerzos de Marx, Engels y la I Primera Internacional de los Trabajadores, para elaborar una teoría integral para los cambios sociales.

En correspondencia, proponemos que la reconstrucción de experiencias y saberes, para la elaboración de una síntesis discursiva alternativa ante el modelo económico hegemónico, debe partir de un mínimo de elementos constitutivos de orden político, económico y social, valorados en la cultura del debate, la participación y el protagonismo ciudadano.

Referentes Políticos

La crisis del Estado Moderno, expresado en los cismas de gobernabilidad en las sociedades nacionales como signo distintivo de los procesos políticos en Latinoamérica y el Caribe, se expresó en el caso venezolano con simetrías pero también con particularidades.

Después de contar con una de las “democracias más estables” en el continente, los sucesos ocurridos en Caracas en Febrero de 1989 evidenciaron el emerger de lo que sería un proceso continuo de deterioro en la percepción ciudadana sobre la acción de las instituciones y la legitimidad de las representaciones. Es decir, la crisis del Estado se expresó en problemas de eficacia y legitimidad. Situación que a partir de los intentos de ruptura democrática ocurridos en 1992 (4F y 27N), mostró signos evidentes de colapso en las formas y contenidos del sistema político.

Cisma del Estado

Crisis de Eficacia - Crisis de legitimidad

Ruptura de la gobernabilidad

Acción - Representación

De esta dinámica no escaparon las instituciones financieras y las instancias de gobierno encargadas de impulsar el modelo de desarrollo productivo aceptado. Las crisis bancarias con la consecuente perdida de capitales por parte de los ahorristas más pequeños, se aunó a la incapacidad del Estado para apoyar a los más humildes en él quiebre de la pobreza. Las instituciones inherentes al modelo económico hegemónico resultaron excluyentes para la mayoría de ciudadanos.

La incapacidad para prestar el servicio que justificaba su existencia (eficacia) develaba la ruptura con las mayorías populares a las cuales decían servir (legitimidad).

La crisis se expresó, tanto en la gestión pública como en la cotidianidad de los procesos comunitarios e individuales. Se presentó lo que Sánchez Parga (1995) anunció como la dualidad de rupturas y fusiones entre los espacios y prácticas, tanto públicas como privadas, en el tránsito constitutivo de pueblo a ciudadano.

Dinámica ésta que generó un nudo problemático del cual es necesario tomar nota previa, para avanzar en los trabajos de configuración de la nueva ciudadanía: éste es el neoindividualismo. La preeminencia de la “perspectiva de cada cual”, indica los niveles de desencanto alcanzados por los sujetos sociales ante la política maquiavélica. Desencanto que de manera alguna puede interpretarse como triunfo del privatus5 griego, sino la aspiración de ciudadanía inclusiva.

La crisis se objetiva en la(s) cultura(s) nacional(es), las prácticas sociales y los símbolos de representación asumidos, en lo que algunos autores denominan crisis de valores, mientras que para otros se tratan de la eclosión de unos valores en crisis. Rupturas y fusiones entre los ámbitos público y privado, que prefiguran una nueva moral ciudadana que procuraba y procura mayor correspondencia con el proyecto ético de cada individuo. Muestran asimismo, limitaciones encontradas por los individuos para el pleno ejercicio de la ciudadanía, en cuanto sistema que le garantice la mayor felicidad y disfrute posible.

Se hacen cada vez más inocultables, las inconsistencias entre discurso y acción en la esfera gubernamental, expresadas en la complementariedad de los problemas culturales para el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos, con la eclosión de la crisis de eficacia y legitimidad del Estado venezolano. En medio de estas contradicciones y cismas paradigmáticos encontramos a la economía y la escuela.

Esta dinámica genera una creciente iracundia popular y ansias de protagonismo ciudadano que se expresa en una disposición de los sectores humildes y la clase media, de no “calarse más el estado de cosas existentes”. Fenómeno que se expresa en una creciente rebeldía ante el poder, pero también en los avances en la construcción de formas autogestionarias de organización barrial, fabril y estudiantil, así como en nuevos códigos morales.

Desde los referentes gubernamentales nacionales y, en plena correspondencia con las tendencias de los sistemas políticos de la región, se plantea con urgencia la necesidad de construir y desarrollar una agenda para los cambios, la cual -en el caso de Venezuela- venía siendo delineada desde los ochenta por la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), tanto en su instancia nacional como en las regionales.

Dentro del abanico de opciones para la modernización del Estado, las acciones previstas en la prospectiva de transformaciones para los sistemas financiero y educativo eran múltiples y complementarias a las planteadas en las esferas gubernamentales, sociales, políticas y de orientación estratégica del Estado.

La escasa voluntad política para la concreción de la agenda de cambios, la limitada capacidad de respuesta autónoma de los gobiernos nacionales ante los temas generados por la incertidumbre mundial y la profundización a niveles inimaginables años atrás, de la crisis de eficacia y legitimidad del Estado venezolano se configuraban en una creciente conflictividad en los diversos escenarios locales, incluidos el sistema económico nacional y la escuela, expresiones institucionales del Estado nacional.

Para 1988 la crisis era el tema de agenda diaria y se comenzaba a respirar la formación de un cuerpo social insurgente que exigía canales de expresión (participación) y reivindicaba su disposición a asumir un rol protagónico para construir de manera consensuada un modelo social más justo (equidad).

27 Y 28 DE FEBRERO DE 1989

Para poder entender el presente se hace necesario ampliar los límites de los hechos a estudiar y comprender, en un sentido histórico, de tal manera que puedan reconocerse en los actos sociales concretos precedentes, los fundamentos de lo que hoy se denomina la Revolución Bolivariana. La actual transformación de los paradigmas sociales de gobernabilidad, se inicia el 27 de Febrero de 1989, cuando aún Chávez y los militares golpistas se encontraban en los cuarteles; tres años antes de las insurgencias del 4-F y 27-N de 1992.

Por supuesto que éste no era un proceso nuevo, sino muy por el contrario, la resistencia a la opresión y el poder, constituyen constantes históricas en Venezuela, las cuales a partir de la década de los ochenta del siglo XX se agrupan en lo que hemos denominado la corriente histórica por el cambio. Corriente que expresa, contiene y resume, gran parte de las experiencias de las luchas populares, barriales, de fabrica y lo más contestatario de la militancia de las organizaciones de izquierda que eclosionaron o hicieron agua (por su política en dos aguas), en ese mismo periodo. Es también, el espacio de cruce con el discurso libertario, antipoder y al cual, el futuro pareciera augurarle un rol protagónico en el país, mucho más allá de los límites de la propia revolución Bolivariana.

En esa década, que los neoliberales denominan perdida, pero que desde la insumisión es vista como un momento de anclaje en el sueño por una revolución no dogmática y el establecimiento de bisagras para el cambio, entre colectivos e individualidades diversas, es innegable que las dinámicas de confrontación generaron espacios de encuentro y desencuentro entre la desobediencia callejera al status quo y los núcleos conspirativos en las Fuerzas Armadas que venían levantando las banderas contra la corrupción, el nepotismo y la entrega de los interese nacionales a los centros de capital internacional. Al respecto, Roland Denis (2001), precisa que

“ Si hablamos de modos de resistencia, partimos de la idea que ellos se fecundan en la cotidianidad, en el día a día de la lucha por el derecho a ser, pero hay momentos en que desbordan estos límites y se convierten en una energía de intercomunicación entre los individuos; que en éste transito multiplican su fuerza de manera exponencial, haciendo que la realidad explote, reconociéndose ella misma, haciéndose constituyente y alternativa, y dando a conocer sus anhelos más profundos.

En nuestra opinión, un muy particular modo de resistencia obtiene su carta de nacimiento del 27-F. Ya no es una resistencia pasiva que actúa por inercia bajo simples mecanismos de autoconservación de la vida o resguardo de los derechos conquistados. Es un modo de resistir que salta de los lugares íntimos a la rebelión masiva, sellando en esta ruptura su modo extenso de ejercerse y guardando desde entonces una personalidad descaradamente subversiva. En la medida que se extiende, a la vez amplía su visión de poder, lo que le sirve para cualificar la diversidad de matices que componen el ideario revolucionario que le acompaña permanentemente. El enroque, arropamiento, fusión y conflictividad entre los fabricantes de esa rebelión y lo que finalmente obtendrá el nombre de “chavismo” es desde nuestro punto de vista la clave para comprender los límites de nuestra historia presente y poder desentrañar las posibilidades del futuro. . (2001, pp.11-12)

El surgimiento de formas de resistencia que construyen sus propios cauces y se niegan a entrar en los canales y protocolos establecidos por el stablismenth para normalizar las protestas constituyen el elemento cualitativamente significativo de este proceso. Los partidos políticos, sindicatos, gremios; es decir la legalidad del orden establecido se ve superada por el emerger de formas de autoorganización y autovalidación ciudadana. Se expresa en los escenarios sociales concretos la crisis de gobernabilidad. Sin embargo, aún los referentes e instancias de poder guardaban esperanzas sobre la capacidad de reforma del Estado y modernización de sus instituciones, en función que sus mutaciones le permitieran retomar la conducción de los procesos sociales.

Se abren procesos gatopardistas en los partidos políticos, limitados a algunos cambios o rotación en los cargos directivos y se popularizan los gérmenes de lo que luego serán Nuevas Agrupaciones Político Partidarias y, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), como alternativas organizativas ante los partidos políticos. Entretanto, la resistencia y la rebeldía ciudadana continúan avanzando en la construcción de redes de intereses populares que se expresan en formas organizativas, comunicacionales, económicas, investigativas, de educación y de trabajo que pujan por articularse. El propio Denis (2001., p.12), apunta:

“Por primera vez en cincuenta años se articula una voluntad popular que supera la hegemonía histórica del populismo y construirá su propio programa, empezará a tejer su propio proyecto de país, desde el único lugar donde éste se perfila posible; la acción directa, la subversión social y la construcción programática colectiva. Pero asimismo, necesitará de una fuerza externa que aún no tiene para proseguir su empuje. Tomarán de la insurrección militar esa fuerza.

4 DE FEBRERO Y 27 DE NOVIEMBRE DE 1992

Durante los días subsiguientes y los años 1989, 1990 y 1991, el esfuerzo de cambios desde el orden establecido se concentró en los partidos políticos y las propuestas de reformas jurídicas para los distintos sistemas de gobernabilidad (económico-financiero, educativo, entre otros). Sin embargo, las instituciones construidas sobre el paradigma de la representatividad y la racionalidad electoral fueron incapaces de interpretar las claves de los nuevos tiempos: democracia directa versus democracia representativa, intereses ciudadanos versus intereses electorales.

Los esfuerzos de cambio estaban limitados a entender la crisis de eficacia y legitimidad desde su tradición interpretativa y sobre la base de las “recetas” del ILPES6, la CEPAL7, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la superación de los nudos problemáticos en la gobernabilidad. Esta dinámica, unida al surgimiento de una nueva logia rebelde en el seno de las Fuerzas Armadas (MBR-200) y el creciente protagonismo popular en los distintos escenarios políticos, sociales y económicos, constituyeron detonantes de los acontecimientos que ocurrirían en 1992.

Durante todo el año 1991, el ciclo reivindicativo, de protestas por mejoras económicas y sociales, se agudizó y generalizó en todo el país. Progresivamente los resortes de resistencia antigubernamental, pero también de la oficialidad “leal” al poder constituido al interior de las Fuerzas Armadas se comenzaron a activar; una muestra del último de estos casos lo constituía la presencia permanente, desde Noviembre de ese año, de unidades militares apostadas frente a muchos de los organismos públicos, en claro lenguaje de respaldo al orden. En la marcha del magisterio nacional, realizada en Caracas el 27 de Enero de 1992 se habla abiertamente de un inminente golpe de estado. Entre tanto, los sectores putchistas de la resistencia militar tomaban cuerpo y hegemonizando las opciones posibles irrumpen el 4 de Febrero de 1992.

Estas dinámicas no eran ajenas al hecho educativo y cada vez se expresaban con mayor nitidez en la escuela. Una creciente beligerancia de los maestros en las luchas reivindicativas, indicaba que comenzaban a rebelarse contra la representatividad, mediante una creciente exigencia de acción directa para la solución de los conflictos, siendo la forma mas popularizada el movimiento magisterial de base. Respecto a las dinámicas pedagógicas en los espacios escolares, se incrementaron las contradicciones entre las posiciones que defendían el currículo centralizado o localizado, así cómo con relación al reconocimiento o negación del estatuto de ciudadanos a los niños, niñas y adolescentes, rompiéndose progresivamente con el paradigma de la situación irregular y emergiendo en la cotidianidad de los procesos educativos –aunque aún con timidez- el paradigma de la atención integral. En el fondo de estos procesos, estaba inmerso el cuestionamiento a la representatividad y la exigencia de una participación más allá de los límites electorales. Se abren espacios los colectivos horizontales y las consultas asamblearias para la toma de decisiones.

Sin embargo, desde los referentes de poder se continuaba creyendo que bastaba con cambiar algunos liderazgos o hacer aparecer nuevas siglas partidarias para despertar el fervor ciudadano por la representatividad. La certeza de esta perspectiva se podrá constatar dos años adelante, con el intento gatopardista de limitar la solución al ascenso al poder de una estructura partidaria diferente al bipartidismo puntofijista8.

Pero, volviendo al noventa y dos, tenemos que el desarrollo desigual y combinado se expresa en los hechos del 4 de Febrero de 1992. Gran parte de los esfuerzos e iniciativas de articulación entre militares y civiles fueron agenciadas por representantes o individualidades ligadas a los partidos políticos quienes no concebían otra forma de mediación que ésta. Pero el movimiento popular tenía sus propios caminos de desarrollo y encuentro. Sin embargo, es innegable la limitada participación popular el 4 de Febrero de 1992, lo cual contrastó con las amplias simpatías que generó el intento del golpe.

El 4 de Febrero de 1992, el rebelarse contra el poder establecido y asumir los golpistas su responsabilidad en la derrota militar, se genera un quiebre en los modos maquiavélicos de la política. Nace un símbolo de la otredad ciudadana, que reconfigura el imaginario rebelde del pueblo y se convierte en elemento clave para entender e interpretar los futuros acontecimientos en las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas nacionales: Hugo Rafael Chávez Frías.

Chávez es visto como uno de los nuestros, como un hijo de pueblo que estudia la carrera militar y se niega a convalidar todo aquello que fuera ilegítimo para el pueblo. Chávez es un antihéroe, un militar que es derrotado como lo ha sido la mayoría del pueblo. No es un político triunfador clásico. Es el antipolítico que dice y hace, todo aquello que ningún político de carrera seguramente diría ni haría, pero que el ciudadano común siente que sería su forma de actuar ante una situación similar. Por eso, el fenómeno Chávez atraviesa los partidos políticos, para convertirse en agenda de discusión de los grupos religiosos, de las tradiciones de resistencia cultural, de los simples, de los de abajo.

Pero, con Chávez se genera también una confusión política y lo que se había avanzado en materia de protagonismo ciudadano se detiene, delegando nuevamente la representación en un hombre, en un colectivo insurgente. Lo sustantivamente diferente es que la mediación no reside ya en los partidos políticos y Chávez se convierte en una bisagra para las corrientes del pensamiento divergente. Para Denis (2001, p.12),

La voluntad popular (...) cometerá el error de no negociar (...) con la insurrección militar (...) el camino, de no reconocerse como fuerza autónoma, lo que generará una metamorfosis dentro del proceso que aún le puede costar su vigencia y su sentido histórico.

Desde la cárcel, los militares golpistas reinician el encuentro con los sectores populares y beben de la resistencia popular el modelo de democracia directa. Por ello, llaman a no votar y a construir “por ahora” formas de resistencia y lucha popular. Sin embargo, en el seno de los colectivos de civiles y militares comienzan a surgir nuevas formas de interpretar la acción necesaria.

Durante 1995-1996, surge la perspectiva constituyente, la opción de construcción política de nuevas formas de diálogo entre ciudadanos y Estado, mediante un proceso de constituyente originaria, que logrará impulsar la agenda requerida para alcanzar un modelo alternativo: la democracia participativa y protagónica. Esta aspiración se refleja en 1996 en la denominada Agenda Alternativa Bolivariana (AAB).

Durante el trienio 1993-1995, estos procesos conducen en el ámbito escolar a una parálisis de las discusiones por la autonomía escolar y, la hegemonía de la agenda reformista neoliberal (COPRE) para los cambios educativos. Por supuesto, la agenda política global atraía el interés, pero su contenido muchas veces era tergiversado por la comunicación mediática. Es sólo hasta el año 1995-1996, que la agenda magisterial insurgente es retomada con énfasis, ahora bajo el paraguas prospectivo de la tesis constituyente.

Desde nuestra perspectiva este debate supera los límites de los contenidos y las formas jurídicas sobre el Estado Nacional, para adentrase en la problemática constituyentista, del poder originario transformador que en el ámbito internacional venían postulando, entre otros, Toni Negri. La discusión y fase de implantación de la reforma curricular desde los referentes gubernamentales se reinicia durante el año escolar 1996-1997, aspecto que abordaremos más adelante. La síntesis de este proceso reside en la convicción sobre el protagonismo ciudadano, en la toma de decisiones que le afecten en su vida ciudadana. Protagonismo que privilegia la actividad colectiva y el método asambleario.

En el sector educativo, desde los referentes de poder se evidencian algunos tímidos intentos por buscar un consenso para la acción como el expresado en la Asamblea Nacional de Educación (1998), los cuales resultaron incapaces de trascender los limites de la formalidad declarativa. La situación electoral de ese mismo año dejaba claro, no solo que su concreción estaba postergada para el próximo equipo gerencial educativo, sino que los resultados electorales decidirían la propia orientación y niveles de profundización de los cambios.


LA AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA

Chávez desde la prisión a partir del propio año 1992, convoca a numerosas voluntades para la construcción de un ideario para la acción política, que diera un nuevo significado a la participación en los asuntos públicos. Este proceso se desarrolla y consolida durante los primeros años y con mayor vigor al salir del confinamiento al que se le había sometido luego del intento de golpe de Estado del 4-F.

Posteriormente, junto a un equipo sistematizador de las propuestas y discusiones adelantadas, se presenta a la opinión pública la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB,1996), la cual se convertiría posteriormente en la síntesis orientadora del discurso de la campaña electoral de 1998, en la cual se reflejaban claramente sus intenciones de adelantar cambios significativos en todos los campos.

La mayoría de estos cambios mostraban sustantivas diferencias de orientación con los previstos hasta ahora por la COPRE9, que es importante destacar no se había planteado superar los parámetros establecidos por la CEPAL/ILPES10 y el Consenso de Washington.

En la AAB, se anuncia el plan alterno “Simón Rodríguez”, inspirado en el ideario robinsoniano cuyos lineamientos básicos se expresan en una educación:

• Concebida en términos de bienestar de la sociedad, la solidaridad humana y la valoración de la ética política.
• Indispensable para alcanzar la meta de satisfacer las necesidades básicas de la población ... correspondiéndole al Estado la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.
• Bajo la responsabilidad de todo el cuerpo social y no dejarla en manos de las cúpulas 11.
• Orientada a la integración latinoamericana ... para incrementar nuestra capacidad de recuperar soberanía y la independencia. (1996, p.15)

El denominado Plan “Simón Rodríguez” postulaba la reducción de la exclusión escolar de la población de niñ@s y adolescentes mediante el impulso de un modelo educativo inclusivo, fundamentado en:

• Un programa nacional de rescate formativo-educativo para incluir a todos en el proceso, a través de múltiples formas de escuelas, talleres, círculos.
• Transformación integral del sistema educativo pre-escolar, primario y básica en el cuál está incluido actualmente la mayoría del sector niñez / juventud. (AAB,1996, p.16)
Para alcanzar estas metas se plantea la viabilidad de las estrategias en él:

1) Nivel Básico, a través de la Escuela-Taller-Comunitaria, dirigida a un universo de 3,4 millones de venezolanos (analfabetos y hasta sexto grado).
2) Nivel Técnico, sobre la base de la creación de Escuelas Técnicas y Centros de Capacitación, como generadores del eje humano dinamizador de la economía. Se orientará a un universo de 3,1 millones de personas.
3) Nivel Superior, orientado hacia las áreas científico-humanísticas. (1996, p.16)
Finalmente, la AAB (1996), luego de reivindicar el derecho ciudadano y el deber del Estado de garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, plantea un modelo educativo total, al postular que:

Más allá del Plan Simón Rodríguez está el diseño y puesta en marcha de todo un SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, que comienza antes de la escuela y no termina en ella, sino que trasciende para insertarse en los tejidos mismos de la sociedad, sus valores, su identidad, su historia, su realidad, su utopía12. (1996, pp.16-17)

Respecto a los procesos sociales, la orientación síntesis de los mismos está contenida en el referente participación en todas las instancias y dinámicas de toma de decisiones públicas, incluidas las organizaciones escolares y las toma de decisión educativa. En el plano económico, la AAB plantea el desarrollo local sustentable y enfatiza en la construcción de un modelo de desarrollo nacional.

EL TRIUNFO ELECTORAL DE HUGO CHÁVEZ Y LOS POLOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Desde los referentes gubernamentales (1999 - ), la concreción de la Agenda Bolivariana Alternativa expresada ahora en los cinco polos estratégicos de desarrollo, evidencia su carácter nacionalista y la voluntad de no continuar adelante con la apertura total a los mercados globales, en detrimento de los intereses patrios. Esta decisión implicaba una redefinición del sistema educativo y su orientación, dada su importancia en la recuperación de la gobernabilidad.

Los polos estratégicos de desarrollo (1999) evolucionan hacia las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2001-2007

El Plan de Desarrollo parte de cinco equilibrios estratégicos a alcanzar, para lo cual se trazan objetivos, estrategias, sub-objetivos, subestrategias y sub sub-objetivos. Estos son:

La educación aparece enmarcada fundamentalmente en el Polo Social, aunque su orientación estratégica se vincula transversalmente a los cinco polos. Por su parte la economía social forma parte del equilibrio estratégico que tiene por objetivo del desarrollo de una economía productiva de carácter alternativo.

Meta que se aspira alcanzar mediante la diversificación productiva: (1)alcanzando un crecimiento sostenido y diversificado; (2)eliminando la volatilidad económica, (3)internalizando los hidrocarburos; (4)desarrollando la economía social; (5)alcanzando la sostenibilidad fiscal y (6)incrementando el ahorro y la inversión.

A continuación revisaremos los aspectos centrales:

a. Para desarrollar una economía productiva, las estrategias se dirigen a alcanzar un equilibrio financiero fundamentado en la actividad petrolera que permita generar un modelo de economía solidaria, producción diversificada, el fortalecimiento del aparato fiscal y la generación de mecanismos que permitan elevar los ahorros de la población.
b. Para alcanzar la tan anhelada equidad social, las acciones se concentran en lograr la democratización del capital, una autentica seguridad jurídica y eficacia institucional que garanticen un acceso expedito a los beneficios inherentes a las garantías sociales, así como la consolidación de los procesos de participación en todos los ordenes que hagan del sistema político venezolano una democracia participativa y protagónica.

Los referentes operacionales para impulsar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, lo constituyen la participación y la democracia participativa y protagónica.